ESTADO OBTIENE PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES DE LA JUSTICIA ANTE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE UNIVERSIDADES CERRADAS (13/07/2012)

En días pasados, los ex rectores y autoridades de cuatro universidades suspendidas definitivamente por falta de calidad académica presentaron acciones de protección en contra del CES, CEAACES y SENESCYT, con la finalidad de revocar la resolución legal y constitucional de suspenderlas definitivamente tras un riguroso proceso de evaluación, que comenzó hace 3 años. Ellos pretenden retomar el manejo de las universidades, pese a las graves faltas e irregularidades académicas y administrativas encontradas.

El CES ha ganado hasta la fecha, dos de estos procesos, por no encontrarse razones suficientes para conceder las acciones solicitadas. Es el caso de la presentada por la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ) y la Universidad Cristiana Latinoamericana(UCL), que junto con las universidades Og Mandino y Alfredo Pérez Guerrero presentan graves irregularidades:

Universidad Autónoma de Quito: su rector, mientras declaraba que su remuneración ascendía solo a USD 1.800 dólares mensuales, se pagaba a sí mismo con recursos de la universidad– cerca de un millón de dólares anuales (USD 1.000 + IVA mensuales) por concepto de pago de arriendo de las instalaciones de la universidad, por ser de su «propiedad».

En la Universidad Cristiana Latinoamericana, mientras los trabajadores y profesores ganaban en promedio USD 646 mensuales, 5 autoridades concentraban el 37% de los salarios de toda la institución. Sólo su rector ganaba USD 11.ooo mensuales.

La Universidad Alfredo Pérez Guerrero plantea en su demanda que la suspensión de la institución ha provocado la vulneración del derecho al trabajo, cuando en la realidad no ha pagado las aportaciones al IESS de sus trabajadores desde hace más de un año, pese a que se las descontaba mensualmente. Asimismo, se han detectado trabajadores ficticios, familiares de las autoridades afiliados al IESS que nunca trabajaron en la universidad.

El ex rector de la Universidad Og Mandino solicita una indemnización de USD 6 millones por daños y perjuicios. Paradójicamente, en los centros, al igual que en los demás, se encontraron severas irregularidades académicas, lo cual ha dificultado enormemente el proceso de entrega de récords académicos a sus estudiantes. Aquí se encontraron también «trabajadores ficticios», es decir, afiliados al IESS sin registrar labor alguna para la institución.